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Boletín digital de Educación Integral en Sexualidad para América Latina y el Caribe

Por: Ana Silvia Monzón (Socióloga y comunicadora feminista. Coordinadora del Programa de Estudios de Género, Sexualidades y Feminismos, FLACSO-Guatemala y Secretaria Técnica de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad-MENEIS)

En Guatemala, en el primer semestre del 2024, se abrió una interesante discusión pública, en la que han participado representantes de organizaciones sociales, de organismos internacionales, de instituciones estatales y de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en torno a la reforma de los artículos 173 y 173 bis del Código Penal que se refieren a las penas por el delito de violación.

En el 2017 se aprobó la norma que prohíbe los matrimonios de personas menores de 18 años (Decreto 13-2017) que incluye las uniones legales tanto entre menores de edad, como entre adolescentes y adultos. Sin embargo, no se reformó el Código Penal, que sólo penaliza la agresión cuando la víctima tiene menos de 14 años, y tampoco contempla la diferencia de edades cuando se tipifica el delito de violación.

La reforma a la norma legal busca aumentar la edad de consentimiento a los 18 años, además de catalogar las interacciones sexuales, con personas menores de 14 años bajo los delitos de violación y agresión sexual, aún sin mediar violencia física o psicológica¹.   Algunos de los argumentos para sustentar la petición son, por un lado, el alto número de nacimientos en los cuales las gestantes son niñas y adolescentes (más de 15 mil nacimientos con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años y 1,137 entre 10 y 14 años)².  Y por otro, que en el 64% de estos casos los hombres que las embarazaron son adultos, entre 20 y 34 años, en un 8% eran mayores de 35, por lo que “les doblarían la edad” a las niñas y adolescentes embarazadas³.

El debate para abordar esta problemática, poco frecuente pero urgente, ha sido convocado desde la oficina del diputado Raúl Barrera, con el acompañamiento de otras diputadas, como Olga Villalta y Brenda Mejía, del partido Semilla, y de otros partidos que, siendo conservadores, han logrado trascender sus posturas y apoyan una iniciativa que devela el drama cotidiano que viven miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país: el abuso y la violación sexual.

Las cifras oficiales son escalofriantes, esos abusos se cometen contra bebés de meses, niñas y niños de corta edad, adolescentes, es un delito denunciado con frecuencia, pero los procesos se entrampan y finalmente las sentencias son irrisorias. Entre el 2017 y el 2023, se registró un total de 8,331 denuncias por violación a víctimas de 0 a 14 años, perpetradas por hombres mayores de 18 años⁴.

A esa situación se suma la permisividad social, muchos de estos abusos son conocidos, incluso entre las familias, pero todos ven para otro lado, por temor, por indefensión aprendida, por dependencia de los agresores, la mayoría hombres. En fin, por esas relaciones de poder sostenidas en el sistema patriarcal que atraviesa a Guatemala de norte a sur y de oriente a occidente, que trasciende clases sociales y culturas.

En el espacio de encuentro de pensamientos propiciado para el análisis de la situación que enmarca la iniciativa 6430 Ley para prevenir el abuso sexual infantil, se han escuchado voces que pretenden negar o minimizar esos hechos, que se ven tan “normales” o se rechaza que una de las causas sea el machismo, porque en sus casas eso no se da. Pero también se han hecho oír otras voces, de jueces y juezas que día a día enfrentan la impartición de justicia, en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, de maestras y maestros, de activistas por los derechos humanos de niñas, niños y mujeres, de psicólogas que conocen el daño que causa el abuso y la violencia sexual. 

Todas estas voces autorizadas, porque enfrentan cotidianamente esta cruda realidad, coinciden en la urgencia de reformar los artículos citados, y avanzar en el marco de la progresividad de los derechos para la niñez y adolescencia, invocando la Convención de los Derechos del Niño y otras normativas internacionales que colocan el interés superior de niñas y niños, en primer plano. 

Es necesario pasar del dicho al hecho y promover que esta iniciativa sea aprobada, ojalá con el voto unánime en el Congreso de la República. Pero es preciso ir más allá de la acción punitiva, tal como fue expresado de diversas formas en ese espacio y reafirmado por las y los adolescentes que tomaron la palabra: es urgente la educación integral en sexualidad como herramienta para la prevención.

Una educación gradual, de acuerdo con la edad; laica; basada en evidencia científica y sobre todo en la equidad de género, ya que son las actuales normas sociales de género, patriarcales, las que continúan actuando en detrimento de las niñas, porque ellas enfrentan no sólo el abuso y la violación, sino además embarazos forzados que trastocan sus vidas en todo sentido. 

Esta posibilidad de hablar libremente de la problemática de la violencia sexual, contra niñas y niños, se ha abierto a partir de la vivencia de un contexto político muy diferente al que prevaleció en los últimos diez años, marcados por gobiernos autoritarios que le dieron espacio a discursos regresivos que violentaban derechos y alentaban discursos de odio, basándose en una doble moral que, en pleno siglo veintiuno, es inaceptable.

Aún falta mucho por colocar en la agenda pública, y que se incorpore en el accionar estatal, respecto a la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, entre los que se incluye la educación integral en sexualidad, pero sin duda estos primeros pasos son alentadores. Todas y todos estamos convocados para abordar con seriedad, compromiso y ética, una problemática que se ha normalizado, pero ante la que no podemos permanecer indiferentes.