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Boletín digital de Educación Integral en Sexualidad para América Latina y el Caribe

Por: Patricia Soledad Piriz Bonilla Responsable del Área de ESI. Dirección de DDHH. ANEP. Uruguay

Palabras clave: ESI, articulación intersectorial, Uruguay

¿En qué está la ESI en Uruguay?

Uruguay avanza en el diseño del Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral (ESI), resultado de un proceso de trabajo colectivo impulsado en el ámbito del Sistema Nacional de Educación (SNE), que asume la Educación Sexual Integral como un derecho humano fundamental y como una responsabilidad indelegable del Estado. Su elaboración responde tanto a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos, salud sexual y reproductiva, igualdad de género y protección de las infancias y adolescencias, como al marco normativo nacional que garantiza el derecho a la educación y a la salud para toda la población (SNE, 2025).

Si bien la educación sexual en la educación uruguaya tiene más de 100 años, su implementación no ha seguido un modelo de evolución progresiva (Silvana Darré, 2005). En efecto, después de un periodo de 5 años de desaceleración y desarticulación de las políticas públicas vinculadas a la educación sexual, en el marco del nuevo gobierno que inicia su gestión en 2025, la administración de la educación se plantea un proceso de reactivación y fortalecimiento de la educación sexual como derecho de toda la población.

Desde esos sentidos, a mediados de 2025 se conforma una Subcomisión en el SNE para trabajar en la construcción del primer Plan Nacional de Educación Sexual Integral. El Sistema Nacional de Educación (SNE) en el país es constituido a partir de lo dispuesto por la Ley General de Educación N° 18437. Está integrado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Universidad de la República (UdelaR), la Universidad Tecnológica (UTEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP - Consejo de Formación en Educación, Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Dirección General de Educación Secundaria, Dirección General Técnico Profesional), representantes de las Universidades privadas, representantes de la Educación Primaria y Media Privadas, el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), Formación Militar, Formación Policial y Escuelas del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (SODRE).

La construcción del Plan Nacional e Intersectorial de ESI está a cargo de la Subcomisión de Educación Sexual Integral, que inició formalmente su labor en julio de 2025. Esta subcomisión se integró inicialmente con representantes de la ANEP, MEC, UdelaR, INAU, la Asociación de Institutos de Educación Privada (AIDEP) y la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC).

Desde el inicio, y tomando en cuenta la rica historia de la educación sexual en el país, se entendió la necesidad de integrar otras instituciones a fin de fortalecer la ESI como una política pública interinstitucional. La educación sexual es un campo del saber complejo y transdisciplinar, en el que se ponen en tensión, se articulan y se superponen distintos discursos, significados y prácticas provenientes tanto del ámbito de la salud como de la pedagogía, la psicología, la didáctica, la sociología, la antropología, la filosofía, lo jurídico y de distintos movimientos sociales (Zemaitis, 2016).

En el país existe una larga historia de acciones vinculadas a la ESI desde diferentes institucionalidades. En general, ha primado la sectorialización, los acuerdos bilaterales y/o la fragmentación por sobre la articulación y coordinación interinstitucional en el orden público y administrativo. Se considera que esta modalidad de implementación de las políticas públicas presenta serias dificultades para atender la complejidad de las temáticas vinculadas a la educación sexual desde un enfoque integral, brindando además, las condiciones de sostenibilidad a través del tiempo, que garanticen este derecho de la población. 

Se entiende ineludible adoptar nuevas perspectivas en el diseño y la gestión de las políticas públicas, avanzando hacia verdaderas políticas integradas en el país. De ahí que, en el transcurso del trabajo de la subcomisión de ESI del SNE, se apruebe la incorporación de nuevos organismos estratégicos: el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - representado por el Instituto Nacional de Mujeres, organismo encargado de la definición de las líneas estratégicas de las políticas públicas de género-,  y la Secretaría Nacional del Deporte, consolidando así una perspectiva genuinamente intersectorial. Se cuenta además con el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que aportó evidencia comparada y marcos conceptuales internacionales.

Durante el año 2025, la Subcomisión mantuvo un funcionamiento regular y sistemático, desarrollando reuniones de trabajo orientadas al análisis, la deliberación y la construcción de acuerdos. En ese marco, se relevaron antecedentes nacionales, se sistematizaron experiencias previas en ESI a nivel educativo y territorial, y se analizaron evidencias recientes sobre problemáticas persistentes y emergentes que afectan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Uruguay. Este proceso permitió identificar avances significativos, pero también límites estructurales asociados a la fragmentación de las políticas, la desigualdad territorial y la brecha existente entre la valoración social de la ESI y su implementación efectiva (SNE, 2025).

Fundamentación y finalidad del Plan

El Plan Nacional e Intersectorial de ESI se fundamenta en el reconocimiento de que las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de las últimas décadas han generado nuevos escenarios de socialización, particularmente en los entornos digitales, que interpelan de manera directa a las políticas educativas y de salud. La exposición temprana a contenidos sexuales, el consumo de pornografía, las violencias digitales, el sexting y las distintas formas de explotación sexual constituyen fenómenos que demandan respuestas integrales, basadas en la prevención, la promoción de derechos y el fortalecimiento de capacidades para la vida. Diversos estudios nacionales recientes han documentado la magnitud de estos fenómenos en Uruguay (Enred, 2024), mientras que organismos internacionales advierten sobre la necesidad de integrar la alfabetización digital y la educación en sexualidad en contextos de transformación tecnológica (UNESCO, 2018; UNFPA, 2020). Asimismo, persisten problemáticas estructurales vinculadas a las violencias de género, el abuso sexual infantil, el acoso y la discriminación en los centros educativos y en los territorios.

Frente a este escenario complejo, el Plan Nacional e Intersectorial de ESI asume que la respuesta del Estado no puede ser fragmentada ni sectorial. Por el contrario, se propone consolidar una estrategia nacional que articule educación, salud y políticas sociales, fortaleciendo el rol de los centros educativos como espacios de enseñanza, promoción de derechos y construcción de ciudadanía, sin desdibujar su especificidad pedagógica ni trasladarles responsabilidades que exceden su cometido. La ESI es concebida como una herramienta clave para el bienestar y el desarrollo integral de las personas, la construcción de relaciones igualitarias y libres de violencia, y el ejercicio pleno, crítico y participativo de la ciudadanía (SNE, 2025).

La visión del Plan es asegurar el acceso universal al derecho a la Educación Sexual Integral en todo el territorio uruguayo, desde un enfoque de derechos humanos, igualdad de género, inclusión social, diversidad y curso de vida, basado en la evidencia científica. El objetivo general es instalar y consolidar una política pública nacional e intersectorial de ESI con alcance universal, que se implemente de manera articulada en los ámbitos educativos, de salud, comunitarios y en los entornos digitales, en coherencia con la legislación nacional vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo (SNE, 2025).

El marco conceptual del Plan se apoya en una concepción integral de la educación sexual, entendida como un proceso educativo sistemático, continuo y contextualizado, que articula dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, éticas y políticas de la sexualidad. Esta definición dialoga con las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad de la UNESCO (2018) y con los Estándares para la Educación Sexual en Europa elaborados por la OMS (2010), que conciben la ESI como un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en evidencia, adecuado a la edad y orientado al desarrollo integral. Desde esta perspectiva, la ESI no se reduce a la transmisión de información, sino que promueve el desarrollo de habilidades psicosociales, la reflexión crítica, la autonomía progresiva y el reconocimiento de las otras personas como sujetos de derechos (SNE, 2025).

El Plan Nacional e Intersectorial de ESI no se presenta como un conjunto de acciones aisladas, sino como un encuadre conceptual y político que orienta la coordinación entre teoría y la práctica, entre los distintos niveles del Estado y la sinergia entre las políticas educativas, de salud y sociales. Se orienta a la consolidación de un entramado institucional que busca la transformación educativa y social, y se proyecta como una herramienta central para avanzar hacia una educación más justa, inclusiva y comprometida con el desarrollo integral y los derechos de todas las personas (SNE, 2025).

En síntesis

Uruguay diseña, en la actualidad, el primer Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral (2026–2030) como estrategia de Estado orientada a garantizar el acceso universal al derecho a la ESI en el país, superando la fragmentación de iniciativas y consolidando una política pública sostenida, transversal e intersectorial. Su elaboración es el resultado de una construcción colectiva desarrollada en el ámbito del Sistema Nacional de Educación, con la participación de múltiples organismos del Estado y el acompañamiento técnico de UNFPA. Se plantea desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género, diversidad, curso de vida y evidencia científica, y se proyecta como un marco conceptual y político clave en el avance hacia una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencias (SNE, 2025).