Haciendo camino al andar (1)
Entre el reconocimiento de derechos y la ausencia en los territorios: desafíos de la Educación Integral en Sexualidad en México
En un contexto adverso para los derechos sexuales y reproductivos en México, fortalecer la Educación Integral en Sexualidad es una decisión política urgente, no solo pedagógica, para garantizar que infancias, adolescencias y juventudes accedan a información científica, autonomía corporal y proyectos de vida libres de violencia.
Por: Daniel Martinez Garcia
En 2025, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (Mexfam) cerró las operaciones del Programa Gente Joven, una iniciativa que durante cuatro décadas impulsó procesos comunitarios de Educación Integral en Sexualidad con adolescencias y juventudes en distintos territorios de México. A lo largo de su trayectoria, el programa se consolidó como uno de los espacios más reconocidos de formación, acompañamiento y participación juvenil en temas de derechos sexuales y reproductivos.
Este cierre no solo marca el fin de una experiencia emblemática de trabajo territorial. También permite observar con mayor claridad una tensión persistente en las políticas públicas del país: mientras el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos ha avanzado en marcos normativos y discursos institucionales, su materialización efectiva en los territorios continúa siendo desigual y, en muchos casos, dependiente de iniciativas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil.
Solo en su último año de operación, en 2025, el Programa Gente Joven alcanzó a más de cien mil personas mediante procesos educativos en Educación Integral en Sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva, de acuerdo con datos del sistema MIRADA de Mexfam. Este trabajo se sostuvo con presencia activa en trece estados de la República Mexicana, a través de cinco coordinaciones, más de cien personas voluntarias y múltiples alianzas con colectivas juveniles y comunitarias.
Más allá de las cifras, el programa contribuyó a construir redes territoriales que articularon escuelas, personal de salud, farmacias, gobiernos locales y personas adultas aliadas para facilitar el acceso a información, insumos y servicios. Estas redes permitieron que la Educación Integral en Sexualidad se tradujera en decisiones informadas y en un acceso más efectivo a derechos sexuales y reproductivos.
Durante décadas, el Programa Gente Joven impulsó una metodología basada en educación entre pares, reconociendo a las adolescencias y juventudes no como receptoras pasivas de información, sino como sujetas de derechos, saberes y acción colectiva. Este enfoque permitió que los procesos educativos partieran de las preguntas y necesidades reales de información de las adolescencias y juventudes. Lejos de limitarse a transmitir contenidos predefinidos, el programa promovía que las propias juventudes lideraran los procesos de aprendizaje, generando espacios de diálogo sobre sexualidad desde la confianza, la experiencia compartida y el reconocimiento de la autonomía progresiva.
La trayectoria de Gente Joven también permite observar una tensión persistente en el campo de la Educación Integral en Sexualidad en México: mientras la evidencia acumulada muestra la importancia de estos procesos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, su implementación continúa dependiendo en buena medida de iniciativas impulsadas desde la sociedad civil o de proyectos específicos, más que de políticas públicas plenamente institucionalizadas.
Una parte de esta situación se relaciona con la brecha que persiste entre el reconocimiento formal de la Educación Integral en Sexualidad y su territorialización. En los últimos años, México ha avanzado en la incorporación de contenidos relacionados con sexualidad, igualdad y derechos en los materiales educativos impulsados por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la presencia de estos contenidos en documentos curriculares o libros de texto no garantiza por sí misma su aplicación en las aulas.
Uno de los principales desafíos sigue siendo la formación docente. Muchas de las personas que trabajan con infancias, adolescencias y juventudes no recibieron durante su formación inicial herramientas pedagógicas para abordar la sexualidad desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Sin procesos sistemáticos de formación y acompañamiento, la Educación Integral en Sexualidad corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo.
A esta brecha se suma otra menos visible, pero igualmente relevante: la formación profesional. Las instituciones de educación media superior y superior continúan formando profesionales sin integrar de manera sistemática contenidos relacionados con sexualidad, género y derechos sexuales y reproductivos. A ello se suma que muchos servicios profesionales de carrera tampoco exigen estos conocimientos. Esto genera un círculo problemático en el que el sistema educativo y las políticas públicas demandan abordar estos temas, mientras que quienes egresan para trabajar en estos espacios no han sido preparados para hacerlo.
Un tercer desafío es la articulación entre educación y servicios de salud. La Educación Integral en Sexualidad no se limita a proporcionar información; su impacto depende de que existan servicios accesibles, oportunos y dignos que acompañen las decisiones de las personas. Aunque México cuenta con infraestructura pública de salud sexual y reproductiva a través de instituciones como la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, persisten barreras de acceso para muchas adolescencias, así como estigmas y resistencias institucionales que dificultan el ejercicio efectivo de estos derechos.
Cuando la Educación Integral en Sexualidad no logra implementarse de forma sostenida en los territorios, las consecuencias se reflejan en fenómenos sociales persistentes. La violencia de género, los embarazos adolescentes no intencionados y las uniones infantiles, tempranas y forzadas no pueden comprenderse únicamente como fenómenos culturales o decisiones individuales. También expresan brechas en las políticas públicas destinadas a garantizar información, autonomía corporal y acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.
En este contexto, programas comunitarios como Gente Joven han cumplido durante décadas una función que las políticas públicas aún no han logrado consolidar plenamente: llevar la Educación Integral en Sexualidad a los territorios, construir redes comunitarias de apoyo y traducir los principios de derechos humanos en experiencias educativas concretas.
El cierre de Gente Joven invita, por tanto, a abrir una conversación más amplia sobre el futuro de la Educación Integral en Sexualidad en México. Más que limitarse a la memoria de un programa, este momento plantea la necesidad de preguntarnos cómo garantizar que los aprendizajes acumulados durante décadas de trabajo comunitario se traduzcan en políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo.
Si algo demuestra esta experiencia es que la Educación Integral en Sexualidad funciona cuando se sostiene en procesos comunitarios, en liderazgos juveniles y en la articulación entre educación y servicios de salud. El desafío pendiente es transformar estos aprendizajes en políticas públicas capaces de garantizar que la Educación Integral en Sexualidad no dependa únicamente de proyectos temporales o de ciclos de financiamiento, sino que forme parte de estructuras institucionales sólidas capaces de llegar efectivamente a los territorios donde más se necesita.
En un contexto donde los derechos sexuales y reproductivos enfrentan presiones políticas, recortes presupuestarios y discursos antiderechos, fortalecer la institucionalización de la Educación Integral en Sexualidad no es solo una tarea pedagógica. Es una decisión política vinculada con la garantía del derecho de infancias, adolescencias y juventudes en México a recibir información científica, construir autonomía sobre sus cuerpos y desarrollar proyectos de vida libres de violencia y discriminación.
Abrir esta conversación es hoy una tarea urgente para quienes trabajamos en educación, salud y políticas públicas.